28 de septiembre de 2012






Manifiesto feminista ante la regulación del aborto
La práctica del aborto en este país es aún fuente de inseguridad jurídica para las mujeres y para el personal sanitario. También acarrea una importante inequidad territorial y social. La legislación con que contamos supone un tutelaje intolerable sobre las mujeres y de criminalización del derecho que nos asiste a todas nosotras de decidir sobre nuestra maternidad, es decir, sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Consideramos que la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que realizar en condiciones de seguridad y legalidad tanto para las mujeres como para el personal sanitario. Para conseguirlo exponemos las cuestiones que consideramos más importantes:

1.      En primer lugar, que el aborto se regule en una ley específica y deje de estar tipificado como delito regulado dentro del Código Penal, siempre y cuando no se realice contra la voluntad de la mujer o por imprudencia. Entendemos que, debido a la variabilidad de interpretación de juezas y jueces sobre la veracidad de los supuestos alegados a la hora de practicarse una IVE, mientras está esté tipificada como delito se mantendrá la inseguridad jurídica de mujeres y profesionales.
2.      En segundo lugar, que se garantice la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública. Para garantizar pues el cumplimiento de nuestros derechos, instamos a lo siguiente:
a)      Que se regule la objeción de conciencia del personal sanitario.
b)      Que se garantice la equidad territorial mediante la elaboración de un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud.
c)      Instamos a que se respete y se preste apoyo institucional al conjunto de profesionales que practica efectivamente los abortos
d)      Que se realice un seguimiento médico protocolizado después de la IVE con el fin de fomentar prácticas sexuales seguras entre las mujeres y los hombres
3.      En tercer lugar, respecto al derecho de las mujeres a decidir, denunciamos el cuestionamiento de la capacidad de las mujeres, y en particular las jóvenes, para tomar decisiones sobre su propia vida. Las mujeres son responsables para tomar decisiones sobre su maternidad. Nos posicionaremos en contra de una regulación que no establezca un plazo de libre decisión, y/o que desproteja a las mujeres en las situaciones más difíciles, sin tener en cuenta los riegos para su salud física y psíquica en cualquier momento del embarazo.
4.      En cuarto lugar, respecto al período de reflexión previo a la IVE, consideramos que supone un cuestionamiento de la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida. Supeditar la práctica de la IVE al requisito de un “período de reflexión de al menos tres días”, es dar por supuesto que la mujer que acude a practicarse un aborto, ha tomado una decisión previa irreflexiva. No apoyaremos en ningún caso aquellas medidas que supongan un tutelaje de nuestras vidas, siendo como somos ciudadanas de pleno derecho. Respecto a las propuestas de dar información sobre ayudas públicas y derechos laborales para la maternidad, entendemos que debe proporcionarse de manera universal a cualquier mujer u hombre en edad reproductiva y no únicamente a aquellas mujeres que han tomado la dolorosa decisión de practicarse una IVE.
5.      En quinto lugar, nos parece fundamental mantener la autonomía en la decisión de las menores a partir de los 16 años, sin que sea necesaria ninguna autorización externa para practicarse una IVE. Nos parece inadmisible la pretensión de que las menores de 18 años no puedan decidir en relación a la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo, tal y como pueden hacer actualmente ante cualquier intervención sanitaria, tanto sobre su realización como sobre la información a dar a sus familiares, de la manera que recoge la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente suprimiendo la IVE del artículo 9. La supresión de este derecho adquirido por las jóvenes de 16 a 18 años en la actual Ley 2/2010 podría acarrear graves consecuencias para ellas, ya que si una joven teme la reacción de su familia podría recurrir a practicarse un aborto clandestino, con los riesgos que implica.
6.      En sexto lugar, el aumento de los abortos en mujeres jóvenes, pone de manifiesto las barreras existentes para el acceso a los métodos anticonceptivos y anticoncepción de emergencia. Con el fin de variar esta tendencia consideramos necesario que la anticoncepción tenga el mismo tratamiento financiado que otros productos de farmacia y parafarmacia dentro del sistema sanitario público, ya que como bien saben, ni los preservativos femeninos ni masculinos, ni los diafragmas, ni los DIUS ni los anticonceptivos orales de última generación están financiados.
7.      En séptimo lugar, la formación en interrupciones voluntarias del embarazo no se contempla en los curriculums académicos de las profesiones sanitarias, por lo tanto, instamos a incluir el aborto en los estudios de medicina, enfermería y otras profesiones socio-sanitarias, desarrollando acciones formativas que, desde el enfoque de género capaciten para su práctica tanto quirúrgica como farmacológica, con el fin de normalizar y de garantizar la preparación del conjunto de profesionales que la lleven a cabo.
8.      Igualmente, a día de hoy la educación e información en salud sexual y reproductiva es una materia pendiente en España. Por lo tanto exigimos que dentro de la nueva ley se apliquen las medidas administrativas necesarias para impulsar la educación afectivo sexual en los curriculums de enseñanza primaria y secundaria. Esto debería hacerse de manera obligatoria y trasversal desde un punto de vista holístico y de género, reconociendo así el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a una sexualidad independiente de la reproducción, el cuestionamiento de la maternidad como destino o como identidad de las mujeres y el derecho al disfrute de la sexualidad desde las diferentes opciones sexuales.
9.      Finalmente y como representantes de un conjunto amplio de población, exigimos una interlocución fluida, sistemática y en igualdad de condiciones entre los partidos políticos y las organizaciones feministas a la hora de debatir el anteproyecto de Ley, con el fin de que se tengan en cuenta nuestras aportaciones de la misma manera que se hace con el resto de interlocutores.
Así pues, instamos al Gobierno a que manifieste de forma clara cual va a ser su propuesta para la nueva regulación de las interrupciones voluntarias del embarazo, sabiendo que nos opondremos a una regulación que suponga cualquier retroceso respecto a la situación actual, mientras que si elaboran una ley que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, contarán con el apoyo de las organizaciones feministas.

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